El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) cumple con su labor de investigación y control técnico para la preservación del patrimonio cultural del Ecuador, por este motivo, y de acuerdo a lo que dispone la Ley, trabaja de manera conjunta con todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD’s) del país, en procura de poner en valor y uso social la memoria histórica y herencia cultural que todos somos responsables de salvaguardar.

La protección de los patrimonios culturales ha sido y es política de Estado, el Ministerio de Finanzas asigna recursos a los GAD’s metropolitanos y municipales para preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural. El Ministerio de Finanzas realiza el cálculo de la asignación de recursos a los GAD’s basado en el Modelo de Equidad Territorial (MET), en estricto cumplimiento con lo estipulado en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).

Todos los GAD’s cantonales del Ecuador reciben una cantidad de recursos anuales para la competencia patrimonial. El Municipio de Guayaquil, una vez aprobado el COOTAD, desde el 2011 recibe el 6% correspondiente al impuesto a la renta generado en su respectivo Cantón, para que esos recursos sean invertidos en la preservación, el mantenimiento y difusión de su patrimonio. Toda transferencia de competencias viene acompañada de los fondos necesarios para ejercerla. Según informe del Ministerio de Finanzas, el GAD Cantonal de Guayaquil recibió, para el 2016, $40. 701.338,98 para ser utilizados en el ejercicio de dicha competencia.

A pesar de los recursos que se asignan a los GAD’s, las entidades del Estado a cargo de la protección de los patrimonios culturales (Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCYP), Instituto Nacional de Patrimonio Cultural) también intervienen en la recuperación de bienes patrimoniales. En la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, desde el 2008 se ha invertido más de 20 millones de dólares para la gestión cultural y preservación del patrimonio físico e inmaterial.

Punto destacado es el trabajo realizado en el edificio histórico de la ex Gobernación del Guayas, convertida hoy en la Universidad de las Artes, una de las primeras instituciones de tercer nivel especializada en la región, cuya inversión fue de más de 9 millones de dólares, solo en la etapa de recuperación del bien patrimonial. Y en la actualidad el MCYP está invirtiendo 2 millones de dólares, en la instalación de la Biblioteca de las Artes.

La creación del Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Decreto de Emergencia Patrimonial facilitaron el acceso de recursos para trabajar en distintos proyectos, como la readecuación de casi 70 inmuebles patrimoniales privados en barrios tradicionales como Las Peñas, Orellana, Rocafuerte, Roca, así como en la parroquia de El Progreso. Así mismo, en un hecho inédito en la historia de la urbe, la intervención en el cuidado y preservación de patrimonios olvidados como los bienes subacuáticos o los mausoleos históricos del Cementerio de Guayaquil.

Se desarrollaron también obras urgentes en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC), se ha restaurado el Colegio Vicente Rocafuerte el colegio Guayaquil, la Casa Madinjá, la Iglesia de El Progreso, entre otras innumerables intervenciones.

Creemos importante que no se trata de polemizar sobre qué entidad es la que más hace por rescatar y preservar los patrimonios, sino trabajar en conjunto, y cada cual desde las competencias que la Ley determina.

Por lo anotado, ratificamos que no es viable el derrocamiento del inmueble patrimonial ubicado en las calles Panamá e Imbabura de la ciudad de Guayaquil. La Municipalidad de Guayaquil debe cumplir con su doble obligación, como propietario de la edificación y como responsable de la preservación y mantenimiento del patrimonio guayaquileño. Debe tomar acciones concretas para realizar las obras de emergencia que permitan estabilizar ese bien patrimonial y elaborar un proyecto de re funcionalización técnicamente sustentado, en el que se incluya la preservación de este preciado patrimonio guayaquileño.

La Ley Orgánica de Cultura prohíbe la destrucción total o parcial de bienes del patrimonio cultural nacional y menciona que “El ente rector de la Cultura y el Patrimonio está facultado para exigir a las instituciones del sector público y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de Régimen Especial, la adopción de medidas precautelarías, preventivas y correctivas, para la protección y conservación del patrimonio cultural nacional”, advirtiendo sobre el incumplimiento de tales disposiciones que podrían conllevar a sanciones.

Es fundamental que el Municipio de Guayaquil implemente la institucionalidad necesaria para ejercer la competencia en la gestión patrimonial que determina la Ley.

Comunicación Social – INPC Quito.