Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (GAD) del país tendrán la posibilidad de acceder a financiamiento para gestionar la preservación de los patrimonios culturales, esto se desprende de una Acta Compromiso que firmaron la mañana del 30 de mayo de 2018, el Ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres; el director del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Joaquín Moscoso; y, el gerente general del Banco de Desarrollo del Ecuador, Byron Ruiz.

Las tres instituciones firmaron el Acta Compromiso del “Programa para la Gestión Patrimonial, Bicentenario, Fase II”, que complementa a la primera fase que se inició en el 2010 con el nombre “Política de Financiamiento Socio Patrimonio” (Política de Financiamiento para la Gestión Patrimonial Bicentenario, Proyecto Socio Patrimonio) y que fue ejecutado por el desaparecido Ministerio Coordinador de Patrimonio; el Ministerio de Cultura, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y el (entonces Banco del Estado) actual Banco de Desarrollo del Ecuador. Las tres entidades aportaron hasta logar un fondo de 28 millones de dólares.

El proyecto “Política de Financiamiento Socio Patrimonio” contó con un monto asignado de 28 millones de dólares, de esa cantidad se desembolsaron 17 millones 226 mil dólares (quedando un remanente de USD. 10,75 millones). Fueron 25 GAD Municipales los que se beneficiaron, algunos son parte de la Red de Ciudades Patrimoniales del Ecuador. Se contó con una canasta de 31 proyectos, de los cuales 13 correspondieron a la etapa de pre inversión (elaboración de estudios), en la cual se comprometieron recursos por USD0.94 millones, y 18 a la etapa de inversión (ejecución de obras) por un monto de USD.16.32 millones.

El  actual “Proyecto para la Gestión Patrimonial Fase II” contará con un presupuesto de USD. 16 millones (compuesto por  el remanente de USD. 10,75 millones  de la primera fase del programa,  el resto será financiamiento del BDE). Con esos recursos se priorizará la canasta de estudios que fueron financiados en  la fase I del Programa para la Gestión Patrimonial, que incluye a 12 GAD municipales de las provincias de Carchi: cantones San Pedro de Huaca, Montúfar, Otavalo; Napo, cantón Tena; Cotopaxi, cantón Latacunga; Manabí: cantón Jaramijó; Cañar, cantones Azogues, Déleg; Azuay, cantones Pucará, Chordeleg; Loja; cantón Loja; Chimborazo, cantón Colta.

Los 12 GAD municipales citados tendrán la posibilidad de acceder a créditos por un total de USD.12,67 millones, de los cuales el 30 por ciento serán  créditos no reembolsables, lo que significa que tendrán un subsidio. De esa manera, se dará continuidad a la fase I del programa.

Adicionalmente, La fase II del proyecto contempla el componente denominado Fortalecimiento Institucional, que consiste en un fondo no reembolsable para cada GAD para la elaboración de planes integrales y demás herramientas jurídicas para la gestión del patrimonio cultural de los cantones, así como para la elaboración y/o actualización de los inventarios patrimoniales. Serán  91 GAD municipales los que podrán acceder a esos recursos. Se ha contemplado a los GAD  que perciben hasta USD.34.000 por concepto de transferencia directa de la competencia de patrimonio cultural y hasta USD.100.000 por concepto del modelo de Equidad Territorial (Fonsal).

El  “Programa para la Gestión Patrimonial, Bicentenario” es una iniciativa del Estado ecuatoriano para que  los Gobiernos Autónomos Descentralizados cumplan con el mandato de salvaguardar sus patrimonios culturales. A partir del año 2015, el Gobierno Central transfirió a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales la competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural, función que se consolida con lo dispuesto por la Ley Orgánica de Cultura, expedida en diciembre de 2016.

Según el Art. 93 de la Ley Orgánica de Cultura “Del Financiamiento y los incentivos para la gestión del patrimonio cultural nacional.- El ente rector de la Cultura y el Patrimonio emitirá una política de financiamiento sostenible para la investigación, conservación, salvaguarda, puesta en valor y uso social del patrimonio cultural. Además se establecerán incentivos y financiamientos preferenciales para la participación del sector privado en investigación, conservación, salvaguarda, puesta en valor y uso social del patrimonio cultural”.