El Decreto de Emergencia del Patrimonio Cultural fue emitido por el Presidente de la República, Rafael Correa Delgado, el 21 de diciembre de 2007 (NO. 816), a partir del robo de la custodia de Riobamba. Fue una decisión inédita, inclusive en el ámbito internacional. El Gobierno de la Revolución Ciudadana asignó un presupuesto de USD 33 665 5501 para poder realizar el salvataje del patrimonio nacional.

Se marcó así una ruptura en la mirada y comportamiento de los gobiernos del Ecuador hacia el patrimonio, un tema históricamente relegado por su aparente falta de rédito político, a pesar de que el patrimonio material e inmaterial presenta grandes potencialidades para el desarrollo socio económico de la población y contribuye a mantener y enriquecer las identidades, al tiempo que es productor y reproductor de unidad y ciudadanía.